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marzo 28, 2007

EL RETORNO DEL ESTADO EN LATINOAMÉRICA

EL RETORNO DEL ESTADO EN LATINOAMÉRICA
PRIMERA PARTE: MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL ESTADO
1.- Introducción: El neoliberalismo[1] frente al Estado[2]
La crisis del sistema capitalista de 1973, de la que se culpó al aumento en el precio del petróleo, produjo una recesión mundial con bajas tasas de crecimiento (estancamiento) y aumento de la inflación, a lo que se denominó estanflación. Ante el colapso del keynesianismo se originó un vacío por el cual se colaron las propuestas de los neoliberales (Borón, 2003:209), quienes incriminaron como causas de la crisis a los gastos sociales excesivos del Estado de Bienestar, el desmesurado poder de los sindicatos y el exagerado e innecesario intervencionismo dirigista del Estado en las economías nacionales. La propuesta de solución fue eliminar de raíz las fuentes y para ello, propusieron un Estado débil en las erogaciones sociales y en la intervención económica y un Estado fuerte en su capacidad de romper el poder de los sindicatos[3].
La avanzada neoliberal principió en Reino Unido en 1979 bajo el gobierno de la premier Margaret Thatcher y en EUA en 1981, al asumir la Presidencia Ronald Reagan, quienes intentaron hacer retroceder al Estado de Bienestar. A la aplicación de la ortodoxia neoliberal se la denominó “La Revolución Conservadora” en Gran Bretaña y “Reaganomics” en EUA. Estas políticas, a través de los organismos financieros internacionales (FMI y BM), se impusieron tardíamente en América Latina; a excepción de Chile que, bajo la dictadura pinochetista, las aplicaba desde 1975[4], por lo que se le considera el pionero del ciclo neoliberal en la historia contemporánea (Anderson, 2003:34).
Para el neoliberalismo, la génesis de la crisis del Estado latinoamericano radicó en la aplicación del modelo cepalino de desarrollo implantado por los gobiernos desde 1950, basado en la "industrialización por sustitución de importaciones" (ISI); en el que se le asignó al Estado un rol primordial, como promotor económico y protector de las industrias nacientes, a través de aranceles, restricciones y prohibiciones a las importaciones competitivas. Este proceso de producción resguardando a los empresarios latinoamericanos, hizo que a éstos se les llamara, "empresarios de incubadora" y al sistema económico-político que los generó, "capitalismo de estado" o de "economía mixta". La crisis en Latinoamérica se vio acrecentada por tres causas: el peso gravoso de las deudas externas[5], la construcción de las democracias restauradas entre 1979-90 y la irrupción con pretensiones hegemonizantes del neoconservadurismo. A ello, debemos sumarle la emergencia del Movimiento de Reforma Gubernamental Global[6]; el Tratado de Maastricht de la Unión Europea; el nuevo rol de los organismos de préstamo que demandan injerencia en los asuntos internos de los Estados; la caída del comunismo; el triunfo del modelo de mercado y el surgimiento de la nueva economía de competencia global y el fracaso de ese mismo modelo, que comienza a evidenciarse en 1998 (Ciulla Kamarck, 2001:301-313); además de la revolución informática y el aumento de la capacidad de las empresas privadas para evadir las regulaciones a las que los Estados nacionales las habían sometido (Cavarozzi, 2006:75).
En el presente trabajo analizaremos en su Primera Parte el método neoliberal antiestatista, las consecuencias de la aplicación de políticas de este signo en América Latina en la década del ´90, la aparente muerte y ulterior resurrección del Estado. Intentaremos responder a los interrogante ¿qué Estado se halla de regreso?; ¿qué Estado es el deseable? En la Segunda Parte efectuaremos un breve relevamiento de tres enfoques actuales del Estado, esbozados por Fukuyama y Williamson; Sousa Santos y Virno.
2. La crítica Neoliberal y el repliegue del Estado latinoamericano
Los Programas de Ajuste Estructural (PAE), fueron el mecanismo por el cual se desmanteló el tenue Estado Social de Derecho que existió en América Latina. Todos los paquetes económicos aplicados tuvieron similar contenido de políticas y propuestas, la diferencia estribó en la gradualidad o el shock de su aplicación[7]. El método utilizado por los neoliberales consistió en efectuar una crítica al incipiente Estado Social[8] y a los regímenes nacional-populistas basados en la economía mixta, para luego exteriorizar propuestas destinadas a superar las fallas o deficiencias, apoyados mediáticamente por sectores de la prensa y del empresariado.
La reforma del Estado es una de las dos líneas maestras del proyecto neoliberal (la otra es la de libre funcionamiento del mercado), y su objetivo fundamental fue reducir el tamaño y las funciones del aparato estatal. La pregunta que los promotores del neoliberalismo le planteaban al pueblo para legitimar su propuesta era: "¿Qué prefiere Usted, un Estado Grande o un Brasil Grande?” y en el caso argentino, sostenían la falacia de “achicar el Estado es agrandar la nación”. Para los neoliberales, el Estado resulta el principal causante de las crisis latinoamericanas. No obstante, encontrarse él mismo inmerso en una profunda crisis, que lo ha tornado ineficiente e ineficaz. Las crisis fueron generadas por el intervencionismo exagerado; la excesiva presencia estatal en el área productiva; el gigantismo e inoperancia del aparato administrativo; el populismo-clientelismo; la corrupción enquistada y el déficit fiscal.
La visión del Estado benefactor creó -desde la óptica neoliberal- individuos irresponsables, anónimos y sin iniciativa, por ello plantearon: achicar al Estado, reduciéndolo al mínimo y comprimiéndolo a las funciones de defensa y seguridad externa e interna, educación y salud.[9] En nuestra Región, la propuesta del neoliberalismo se tradujo en el desguace radical del Estado Social en su versión nacional y popular (Svampa, 2005:9), que dentro del marco de una fuerte desregulación de la economía y de una reestructuración integral del Estado[10], enfatizó las desigualdades previas y generó nuevos procesos de exclusión en los que cayeron vastos sectores de la sociedad.[11]
Joaquín Estefanía (2004) incluye entre los siete pecados capitales de América Latina “el mayor debilitamiento del Estado”[12], lo cual amplificó su incapacidad para influir, controlar, regular o beneficiarse de los procesos transnacionales y para resistir a las tendencias hegemónicas en los planes económico-políticos. El Estado ostenta serias deficiencias, se ha atenuado y en algunas zonas ha desaparecido virtualmente, incluso su legalidad no se extiende a vastos territorios y a parte de los ciudadanos, porque operan las ilegalidades mafiosas o “sultanísticas” (O´Donnell, 2004:182).[13]Más allá del tamaño de sus burocracias los Estados son débiles, aunque en el pasado algunos hayan sido terriblemente eficaces en la aplicación de acciones represivas ilegales[14].
El estudio sobre democracia del PNUD (2004) menciona como una de las principales causas de la crisis de la democracia, la debilidad del Estado. La pérdida de poder se insinúa en tres aspectos: por un lado, el Estado es incapaz de proteger la propiedad, la integridad física y la vida de sus ciudadanos; por otra parte las falencias funcionales de las democracias latinoamericanas se traducen en un escaso apego al cumplimiento de la ley (Latinobarómetro, 2004); finalmente el Estado ya no regula los flujos de capital, mientras que lo que legislan los parlamentos no logra a disciplinar a las grandes corporaciones financieras y mediáticas que imponen su ley a través de un mercado global. La merma de poder también se reproduce en el margen de acción cada vez más estrecho y de la escasa autonomía frente al veto de actores internos y externos, sobre todo del sector económico (Nolte, 2005:217). Todo ello ha provocado el descenso de la fe en la capacidad del Estado para resolver los problemas de la sociedad (PNUD, 2004:243).
La (in)evolución del Estado es en Latinoamérica la clave de la crisis de la identidad; aunque para algunos autores el Estado ha permanecido en crisis permanente (Sonntag, 1986) y no ha logrado homogeneizar sus naciones y sociedades (O´Donnell, 2004:176). Los principales problemas siguen siendo sus burocracias ineficientes, la inefectividad de su sistema legal y la escasa credibilidad de los poderes públicos. Los Estados endebles y “angostos” constituyen el freno que obsta al avance en la democratización de los países[15].
Fernando Calderón, expone que en la década del ´80 y mas precisamente con los procesos de estructuración y cambio de los ´90, el Estado se desprendió de la nación, y progresivamente tendió a convertirse en un agente de los procesos de mundialización; se rompieron las alianzas sociales originales entre los sectores medios, el mundo popular y el Estado, comenzándose así a operar el proceso de deterioro del proyecto Estado-Nación (Calderón, 2004:193).
Las democracias latinoamericanas se han enfrentado a limitaciones en un mundo globalizado, porque los Estados tienen circunscritas sus capacidades de maniobra. Cavarozzi (2004) señala que las transiciones democráticas producidas desde la década de los ´80, conllevaron el abandono de una matriz centrada en el Estado para reemplazarla por otra de signo neoliberal basada en la disminución de sus capacidades operativas y materiales[16]. Bosoer, en idéntico sentido, sostiene que el Consenso de Washington intentó adaptar a cada contexto nacional latinoamericano la desarticulación de la matriz nacional-popular o estado-céntrica. A la par, la estrategia ideológica norteamericana en los ´80-´90 consistió en promover la “escasa densidad institucional” de los Estados latinoamericanos y el incremento de su irrelevancia geopolítica. (Bosoer, 2004) “La globalización implicó el debilitamiento de las estructuras estatales, de la autonomía y del poder del Estado” (Beck, 2002: 21). Como señala Guéhenno (1995:11-12) el verdadero cambio representado por los acontecimientos de 1989 no fue el fin del comunismo, sino el final de la era hegemonizada por los Estados-nacionales[17].
Micieli y Vazeilles (1998) enuncian que en nuestro país el Estado populista compensó relativamente la disociación entre economía y sociedad; pero la destrucción de este Estado compensador comenzó a ejecutarse durante la dictadura militar 1976-83. En Argentina, la retirada del Estado es transpuesta por sus ineficacias presentes y pasadas; determinándose una evaporación funcional y territorial de su dimensión política.
En el caso argentino, el Estado atravesó su descomposición y achicamiento, configurando su destrucción en cámara lenta durante la década del 90 (Cavarozzi, 2006:80) cuando vendió las “joyas de la abuela” y se desprendió de escuelas y hospitales que transfirió a provincias y municipios. Simultáneamente rehusó a seguir desempeñando en vastas áreas los roles de promotor, regulador, empleador y subsidiador, que había cumplido en su etapa intervencionista. De tal modo, la reforma del Estado significó además una reforma de la sociedad (Oszlak, 1999; Walzer, 2001:149).
Kliksberg (2006) concluye que el desastre argentino no fue una fatalidad inexorable, sino el producto lógico de las políticas de destrucción del Estado, de la privatización salvaje, de la desprotección total de la pequeña y mediana empresa, de la concentración del crédito y de las altas dosis de corrupción e inestabilidad. En términos de Atilio Borón, la fusión de la crisis fiscal con el discurso auto-incriminatorio del Estado, llevó a los gobiernos latinoamericanos a adoptar políticas de desmantelamiento del mismo, que decretaron como asombrosa novedad “la muerte súbita” del Estado (Borón, 2003b:62).
3.- Nuevas convicciones: la resurrección Del Estado
El agotamiento en América Latina del modelo neoliberal a fines del siglo XX, provocó que una gran mayoría de economistas, politólogos y filósofos comenzaran a promover la restauración del Estado. Ya en 1981, David Easton (1981:303) preanunció la “resurrección” del concepto de Estado, “surgido de su tumba para amedrentarnos nuevamente.”[18]
Desde 1985 los gobiernos desmantelaron el Estado, pero desde mediados de los ´90 se tuvo el convencimiento de la necesidad de volver a tener Estados fuertes. Así, en 1998, la CEPAL propuso fortalecer el Estado, manteniendo las variables macroeconómicas estables para que los capitales e inversiones no huyan de los países (Cohen, 1998). Krugman (1998), sostuvo que la libertad absoluta de mercado es irrealizable y que el Estado debe intervenir de algún modo en la economía, sin sacrificar el crecimiento. En 1998, Stiglitz objetó fuertemente el Consenso de Washington, señalando que entre las medidas que se propiciaban, la referida al repliegue del Estado no constituía el único ni el mejor camino a seguir (Stiglitz, 1998a). Asimismo, señaló que: “…parte de la estrategia para una economía mas productiva es encontrar el rol apropiado para el Estado, identificando por ejemplo, las formas en las que el gobierno puede ser un complemento efectivo de los mercados.” (Stiglitz, 1998b:12).
El Banco Mundial (BM) inversamente a lo que esgrimía años antes, discurre ahora que, lejos de haber un exceso de participación del Estado, hay insuficiencia en cuanto a la presencia activa de éste en varios campos de acción claves[19]. En el Informe sobre el Desarrollo 1997 (BM, 1998) la entidad colocó en el centro de su preocupación el desafío de la reconstrucción del Estado. Mientras que en el Informe 2004 (BM, 2005) adoptó como tema central de análisis la cobertura de "servicios para pobres", considerado el eje estratégico de sus futuras acciones. Reivindica para el Estado la misión de atenderlos con eficiencia y optimizando los costos, ya que en esos ámbitos reconoce, no funcionan las leyes del mercado (Treber, 2006)
Bresser Pereira, también en 1998, sostuvo la necesidad de reconstruir el Estado, redefiniendo sus funciones y fortaleciendo su capacidad de intervención, para arribar a un Estado más fuerte y eficiente, más capaz y dotado de gobernanza y gobernabilidad, el cual ya no deberá proteger la economía nacional sino cumplir el rol de asistencia, a fin de convertirla en internacionalmente competitiva (Bresser Pereira, 1998)
Slavoj Zizek no confía en la idea liberal según la cual el Estado fue superado por el mercado y las grandes compañías multinacionales, porque jamás un aparato estatal fue mas fuerte ni tuvo tal control absoluto de la propia población que el de EUA hoy. Asimismo, considera “ridículo el discurso sobre la desaparición del Estado”[20], reconociendo cáusticamente que han desaparecido servicios sociales como el de salud, pero el aparato represivo-policial y de inteligencia militar es mas fuerte que nunca antes en la historia (Zizek, 2006).
Desde su posición antiestatista, Holloway entiende al Estado “como una forma subsidiaria de la realidad del valor, que es lo que establece la verdadera síntesis social”, la cual se caracteriza por su permanente inestabilidad. Señala, que el reestablecimiento del Estado halla su fundamento en la presencia de elementos estadocéntricos dentro del movimiento de resistencia. Asimismo, no siendo el Estado una institución ajena “nos penetra en términos de cómo pensamos el cambio social.” La aludida penetración por el capital y el Estado en el movimiento anticapitalista es lo que muestra cómo logró el Estado recomponerse, restablecer el orden y recobrar legitimidad después del colapso argentino de 2001 (Holloway, 2006).
Por otra parte, no puede rehuirse la necesidad de promover aún una profunda reforma del Estado, porque ineficiente y devastado nada puede hacer para favorecer a los sectores medios y populares. En total coincidencia con el planteo de Borón (2003:226) corresponde concebir a la reforma del Estado como la insuperable ocasión para diseñar nuevos mecanismos e instrumentos democráticos que extiendan el control de la sociedad sobre la burocracia. Toda reforma debería contener como principal tema el de para que paradigma de nación se propone que sea ese Estado (O´Donnell, 2004:177).
Las distintas reformas del Estado llevadas a cabo en Latinoamérica, han dejado desde el punto de vista político un déficit consistente en no haber logrado la transformación radical de la clase dirigente y burocrática; tampoco obtuvieron la de los partidos políticos para hacerlos más responsables y menos tentados a “tirar todo por la borda”, con el objeto de maximizar la rentabilidad electoral inmediata. Menos aún, lograron erradicar la corrupción y desincentivar las formas ilegales de financiación electoral. (Paramio, 2004:19)
4.- ¿Qué Estado está volviendo?
La experiencia argentina respecto al Estado en los últimos treinta años, donde se pasó por el Estado represor (1976-83), el Estado democrático-hiperinflacionario-neoliberal (1983-2001), el Estado confiscador (2001-02) para imaginar al Estado deseable (desde 2002)[21], ha dejado un convencimiento: atravesamos el principio del fin de la larga noche histórica de los Estados desbocados, con “sobredosis” de poder (Rubiales, 2005), colonizados, “privatizados” por los grandes capitales, que lo hacen un ámbito de discrecionalidad decisional.
Cabe entonces dar respuesta al interrogante de qué Estado se desea: un Estado para viabilizar el mercado o un Estado que ofrezca parámetros mediante los cuales sea posible una convivencia dignificante, justa e igualitaria. Se trata de resolver cómo transformar las demandas e intereses particulares -que se multiplican exponencialmente-, en una energía creadora del interés general. El rediseño del Estado se caracteriza por ser polifacético; ya que a la dimensión gerencial de la crisis, se suma la necesidad de modificar las estructuras estatales y la matriz cultural que tipifica a sus instituciones.
El proyecto democrático que se plantea para satisfacer demandas sociales enfatiza la importancia de la participación de la sociedad civil[22], para lo cual se debe reinventar la política como práctica y como proyecto, de modo que contribuya con las personas a ayudarlas a superar sus carencias y a fortalecer los valores socialmente instituidos.PorPor Con Walzer entendemos a la política, “en tanto actividad distinta de la simple coacción y de la manipulación burocrática”, dependiente de la historia compartida, del sentimiento comunitario y de las convenciones aceptadas (Walzer, 2001:84). De modo tal que la necesidad del fortalecimiento del Estado viene adunado al de la propia sociedad civil, la que se vio debilitada “con la ‘devolución‘ de poder a través de los procesos de privatización que sólo fortalecieron a la sociedad mercantil” (Bonetto y Piñero, 2003b:150).
Dando por sentado que el Estado soportó una profunda crisis que trajo aparejada una erosión del mismo y que sus capacidades se vieron disminuidas por una serie de factores: como fueron los procesos de integración regionales que le quitaron competencias; la emergencia de actores fuertes (medios de comunicación, multinacionales, ONG, etc) y las nuevas tecnologías que desbordaron las concepciones tradicionales sobre las soberanías de los Estados (Guedan, 2004:140); además, han de reconocerse y afrontarse los déficits del Estado democrático mediante la aplicación de fórmulas que permitan ensanchar la participación ciudadana, como por ejemplo: mayor acceso de los ciudadanos a la información; descentralización territorial de la administración; regulación del rendimiento efectivo de cuentas por parte de los políticos; establecimiento de sistemas de coparticipación en la elaboración de políticas públicas; creación de sistemas eficaces de lucha contra la corrupción; realización de consulta popular o referéndum para cuestiones de especial importancia.
Estamos frente a un progresivo cambio de paradigma que supone un nuevo perfil de ciudadano y de participación; ha surgido una aguda persuasión de que el Estado ya no es propietario de la sociedad, sino más bien ésta es “la propietaria” del Estado, el que mantiene una función central en la regulación social (Sorj, 2005:108; Oliva, 2000:142). Esta apreciación cambia las reglas de juego y constriñe a una nueva responsabilidad social y a un alto nivel de cooperación entre todos los sectores. Durante largos años “lo público” era de exclusiva competencia del Estado y fue percibido como tal, pero la fragmentación de la representación social y de las identidades convirtió “a las ONG en portavoces de valores y mini-utopías” (Sorj, 2005:104); a la par que los partidos políticos perdieron el monopolio de la representación popular, no controlan a los nuevos movimientos sociales ni a las redes de socialización de millones de personas. El debilitamiento de la democracia política, a consecuencia de la profundización de las expectativas igualitarias, sumado a la desconfianza en los políticos y a la opacidad del Estado, devaluó la legitimidad de éste último y generó un sentimiento mayoritario de que gobernar es responder a las exigencias de los mercados (Ibíd.:108).[23]
En América Latina, no se halló “la relación ideal entre los tres principios básicos de coordinación de los individuos y la organización de las sociedades: el Estado, el Mercado y la Comunidad”. El absolutismo de cualquiera de estos ordenamientos en distintas etapas de la historia generó consecuencias gravosas para el conjunto de la sociedad. El desafío pasa por descubrir y afianzar el punto de equilibrio entre los valores que orientan al Estado, el Mercado y la Comunidad, es decir entre igualdad, libertad y solidaridad, respectivamente. (Fleury, 1998:24)
Una comunidad es libre solamente si puede darse a si misma sus propias leyes. Esto implica, que los ciudadanos puedan participar libremente en la definición de las políticas de Estado; además que el propio Estado sea libre, es decir, que no sea esclavo ni vasallo de otras fuerzas, de otros intereses o de otros Estados[24]. No debe responder a otros mandatos, más que a los de sus propios ciudadanos democráticamente organizados. El Estado debe dejar de funcionar al servicio de intereses distintos a los que emergen de la voluntad popular. Por consiguiente, el Estado puede y debe tornarse un instrumento de su pueblo para luchar contra esos intereses ajenos, ya que hoy no constituye una amenaza a la libertad de las personas; mas aún, la ciudadanía desde comienzos de siglo expresa una “demanda de Estado”, diferente al que debutara en 2001 como confiscador de patrimonios y represor-judicializador de la protesta. Desde ese entonces el Estado no puede actuar con monopolio del poder y ha quedado en claro que no lo ostenta en forma exclusiva.
Oszlak dice que existe un supermercado de modelos de “Estado deseable”: necesario, inteligente, atlético, mínimo, sensato, modesto, reinventado, catalítico, ético, transparente, desburocratizado, informado, profesionalizado y tecnológicamente aggiornado. (Oszlak, 1999). Se requieren Estados que fomenten espacios de participación democrática, de diálogo y de concertaciones; que reconozcan papeles decisivos a los individuos y a los movimientos sociales. El nuevo Estado, como indica Touraine (2003), debe ser movilizador y dinamizador de una sociedad madura a la que, incluso, se le deben facilitar herramientas de control sobre sus actuaciones.
SEGUNDA PARTE: TRES RECIENTES VISIONES DEL ESTADO
5.- Fukuyama Y Williamson por la (re)construcción del Estado
Tras anunciar el "fin de la historia", Fukuyama indica ahora que es urgente fortalecer el Estado, como uno de los asuntos de mayor importancia para la comunidad mundial. En su último libro[25] asegura que los Estados débiles son causa de casi todos los males: "pobreza, sida, droga, terrorismo” (Fukuyama, 2005:9). La hegemonía liberal del mundo acabó plasmando un panorama de gran desigualdad que, para sus promotores iniciales, resultó redituable pero muy inseguro. Por eso el politólogo norteamericano dirigió su atención a la institución central de la vida política: el Estado. Éste, históricamente, cumplió la función de controlar la violencia dentro de una jurisdicción territorial. Al menos para algunas culturas políticas, el Estado también es el encargado de evitar una polarización social extrema -lo cual deploran los neoliberales estadounidenses-. En su ambición por liberar a la economía de cualquier traba, las políticas triunfantes en los años ´90 atrofiaron o anularon las posibilidades del Estado para impedir la violencia, el aumento de la miseria o la explotación irrestricta del trabajo humano.
Fukuyama estima que es hora de restaurar la soberanía estatal y al tratar de fundar el orden mundial en el fortalecimiento de los Estados, se opone al dogma neoliberal del “Estado mínimo”. Según el liberalismo clásico, el Estado se inmiscuye demasiado en la vida privada bloqueando las iniciativas individuales. Cuanto más restringido sea su papel, la sociedad que lo sufre como un mal necesario (por seguridad) disfrutará de mayores estímulos para multiplicar la riqueza y garantizar la libertad personal.
Algunos de quienes sólo veían en el Estado un factor de distorsión económica (demasiada intervención, pésima gestión, impuestos exorbitantes) y recomendaban comprimirlo exiguamente, impulsan ahora su reconstitución. En el panorama que observaron más allá del Estado, los partidarios de la libertad económica no encontraron esa apacible anarquía de mercaderes intercambiando bienes y servicios por sano egoísmo, sino la guerra civil y la miseria, la inestabilidad regional y la inseguridad global.
El Consenso de Washington tuvo aceptación inicialmente, porque el Estado había sido una fuente principal de padecimiento popular en el siglo XX: desencadenó guerras mundiales y organizó exterminios masivos, postró poblaciones y reprimió generaciones enteras. Pero después de que una economía desbocada lo neutralizó, a comienzos del siglo XXI, liberales como Fukuyama impulsan su recomposición, motivados por razones de seguridad propia. Un mundo sin Estados les parece ahora peligroso, lleno de terroristas, señores de la guerra y atentados suicidas. Para zonas enteras del planeta, insinúa el autor, el remedio estatal -antiguo como Hobbes, pero recién descubierto por algunos liberales- quizás llegue demasiado tarde.
Fukuyama distingue entre el "alcance del Estado" y la "fuerza del Estado". (Fukuyama, 2005:21-33) Allí estriba -según él- la confusión al momento de implementarse las reducciones de los aparatos estatales, porque existía la sensación generalizada de que el Estado simplemente tenía que achicarse, sin tener a la vez una comprensión clara de que había fracciones que tenían que fortalecerse, en términos de rendimiento.
John Williamson, quien en 1989 enunciara el decálogo del Consenso de Washington, afirmó años más tarde: “Un Estado fuerte y capaz es necesario para apoyar los mercados, y un Estado arbitrario y corrupto puede impedir su desarrollo” (Williamson, 2003:3). A partir de Fukuyama y Williamson, antiguos detractores del Estado (que podrían compararse en su pasado concepto del mismo al de magna latrocinia agustiniano[26]), puestos hoy en la tarea de defender su redescubierta importancia, podemos elaborar a priori una conclusión: queda claro que existe consenso acerca de la necesidad de un Estado fuerte y efectivo que apoye y complemente la tarea de crear riqueza. A modo de síntesis se ha pasado de un énfasis en “menos Estado”, a uno a favor de un “mejor Estado” (Fukuyama, 2005:176; Resico, 2006:184-185; Oszlak, 1999; Paramio, 2004:10).
6.- Boaventura de Sousa Santos y el Estado como novísimo movimiento social
El sociólogo portugués señala que las teorías del Estado -tanto las de origen liberal, como las de origen marxista-, se han convertido en vetustas, debido predominantemente al declive del poder regulador del Estado en su forma tradicional, su despolitización y la desestatalización de la regulación social inducidas por la erosión del contrato social (Sousa Santos, 2005:48). Asimismo, entiende que bajo la denominación “Estado” está emergiendo una nueva forma de organización política más amplia que el Estado mismo, un híbrido compuesto de flujos, organizaciones y redes en la que se conciertan y disfrazan elementos estatales y no estatales, nacionales y globales. El Estado es el articulador de ese conjunto. (Ibíd.:48). Santos interpreta que la “miniaturización” ó “municipalización” (Ibíd.:48) es en realidad una transformación de la soberanía y de la regulación de las capacidades normativas del Estado.
El fascismo consiste ahora, más en un régimen social que en un sistema político, el cual "no sacrifica la democracia sino que la fomenta hasta el punto que ya no es necesario, ni siquiera conveniente, sacrificarla para promover el capitalismo" (Ibíd.:29). El cuadro de las relaciones económicas resulta definitivo para la aproximación a las restantes expresiones del fascismo que describe: del apartheid social, del Estado paralelo, paraestatal, populista, financiero y de la inseguridad (Ibíd.:30-36). Frente a las manipulaciones del fascismo societal orientadas a convertir al Estado en un engranaje para servir al espacio privado, tendría que levantarse una verdadera red de fuerzas democráticas cuyos componentes existen en medida variable y composición diversa, de manera dispersa y a menudo distorsionada en usos y abusos de sus potencialidades, dentro de la sociedad civil. (Ibíd.:49) “La lucha antifascista se resuelve articulando la democracia representativa con la participativa". (Ibíd.:52-53)
La reinvención del Estado y la de la democracia están íntimamente ligadas. Santos caracteriza la transformación del Estado en lo que denomina un “novísimo movimiento social" (Ibíd.: 48) Su norte se encuentra en la transición del Estado como "una materialidad institucional y burocrática" hacia un sistema de relaciones en el "terreno de una lucha política mucho menos codificada y reglada que la lucha política convencional" (Ibíd.:49). El pensador lusitano introduce el concepto de "Estado experimental", como un espacio de transición en el cual asigna un ritmo progresivo al paso de la implementación de soluciones propias del viejo paradigma a las soluciones generadas en el nuevo.
El autor enuncia los dos paradigmas de transformación social: reformismo o revolución; el uno pensado para ejercerse contra el Estado, el otro para que lo ejerza el Estado. (Ibíd.:57) Se puede entonces discernir entre las tesis de Estado irreformable y Estado reformable. La primera, predominante hasta comienzos de los años ´90, típicamente neoliberal, considera al Estado ineficaz, parásito, y depredador (Ibíd.:24), y propone reducir sus funciones a la mínima expresión en el plano económico y en el de la responsabilidad social, asumiendo un canon que lo ponía al servicio de los intereses privados foráneos. El otro reformismo, surgido en los últimos diez años, implica reformas "promovidas por sectores sociales con capacidad de intervención en el Estado", una especie de recuperación de las funciones de conducción - de lo público en sentido general - desde el exterior de la institucionalidad política tradicional. (Ibíd.:57-68)
7.- Paolo Virno: menos Estado y más ciudadanía.
Virno sostiene que vivimos en una época de crisis que, como ocurrió en el siglo XVII, cuando se inventaron todas las categorías, los conceptos que ahora parecen obvios, triviales y comunes, se nos impone repensarlos. Apuesta a una democracia de la “multitud” que no debe tomar el poder, sino crear una nueva esfera pública que prescinda del Estado y valorice al individuo (Virno, 2002).
Fue en el siglo XVII cuando se creó la idea del Estado nacional-central, y se inventaron conceptos como la soberanía y la obligación de obedecer. Para el filósofo italiano, estamos en una fase en la que todos esos conceptos pasan por una crisis y se construyen otros nuevos. Estos conceptos emergen progresivamente dentro de experiencias colectivas por prueba y error. Surge un nuevo modo de ser en la esfera pública, que se caracteriza por el hecho de que el Estado es algo que se ha vuelto arcaico e inadecuado (Virno, 2003).
Este presente parece saturado de miedos y angustias, conocidos y desconocidos; es una era de incertidumbre. Virno cree que ese miedo como sentimiento difuso, característico de la época, es un pánico en el cual se mezclan los miedos por peligros concretos (por ejemplo a perder el trabajo) y uno más general que no tiene un objeto preciso, lo cual es el sentido de la propia precariedad. Es la relación con el mundo en su conjunto, la fuente de peligro. Ambas cosas, normalmente estaban separadas: el miedo por motivos determinados era algo socialmente gobernable; mientras que la inquietud por la propia labilidad, por la propia finitud, era algo que las religiones o la filosofía trataban de administrar (Virno, 2003).
Virno cree que lo que puede constituir un remedio, una cura para ese miedo angustiante es la construcción de una nueva esfera pública (Virno, 2004); es decir nuevas formas de vida que no tengan más en su centro la obediencia al Estado y la obligación del trabajo asalariado en tanto trabajo despojado de significado que está por debajo de lo que hombres y mujeres pueden hacer con su colaboración inteligente. Una nueva esfera pública donde se pueda valorizar la propia singularidad y no converger hacia esa especie de unidad trascendente que es el soberano, el Estado (Virno, 2003).
Es la madurez de los tiempos que impone concebir la nueva esfera pública por fuera y más allá del Estado. Virno sostiene que es enteramente realista construir en las luchas sociales instituciones que ya no tengan como jefe al “soberano” y que disuelvan todo “monopolio de la decisión política”. (Virno, 2006) Esas instituciones pos-estatales[27] deben brindar diferentes alternativas de mitigación de la agresividad y carga auto-destructiva del animal humano (Ibíd., 2006). El Estado central moderno conoce una crisis radical, pero pese a ello no deja de reproducirse a través de una sucesión de mutaciones alarmantes, como por ejemplo el “estado de excepción permanente”. El reto es determinar e individualizar cuáles son las instituciones que se colocan más allá del monopolio, que aún es encarnado por el Estado (Ibíd., 2006)
8.- Primera conclusión
El Estado es un producto histórico, y la historia es la forma espiritual en que una cultura se rinde cuentas de su pasado (Huizinga, 1977:95); por ello es condicionado, variable y dinámico. “El Estado es una construcción, un artefacto cultural que aparece, a la vez, como el producto y la expresión de determinados conflictos y tradiciones, cristalizados en conjuntos históricamente específicos de instituciones y de prácticas.” (Nun, 2002:63) En síntesis: el Estado es una realidad sobre la que se puede actuar. Pero, no ha de soslayarse que el objetivo final de las acciones políticas no son los Estados, sino los individuos (Gaviria, 1999).
Las reformas neoliberales debilitaron un Estado que en muchos países latinoamericanos era tradicionalmente endeble. Ello fue posible ante la impotencia de los actores sociales y la paradoja que quien hizo las reformas anti-estatales fue el propio Estado[28]. Por otra parte se tuvo el convencimiento casi uniforme de que era necesario “atenuar el intervencionismo del Estado” (Hurtado, 2005:212). La cólera antiestatista de los años pasados fue facilitada por el “disfuncional elefantismo” (O´Donnell, 2004:177) que habían adquirido las burocracias estatales los países latinoamericanos.
El énfasis neoliberal puesto en la Región en los años ´90 trajo como consecuencias el abandono de los cometidos esenciales del Estado; la desestatización de la economía que terminó restándole su poder económico, y por aditamento el aparato estatal dejó de ser uno de los mayores empleadores; claro está, que en la coyuntura no se ofrecieron las alternativas para que la ciudadanía recobrase el pleno empleo que les había sido cercenado.
Las experiencias de los países latinoamericanos, a la luz de los paradigmas del Consenso de Washington[29], nos mueve a alertar sobre la inexistencia de uno o más modelos ejemplares a los cuales remitirse como solución para afrontar estructuralmente las funciones que han asumido o deben asumir los Estados de la Región. La gran diferencia es que los países ricos de Europa como Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido han exportado prosperidad y democracia a las ex-dictaduras de España, Portugal y Grecia, que les permitieron construir nuevas realidades[30]. Por el contrario EUA, el gigante rico de América, envió más dictadura que democracia a Latinoamérica y auxilió muy poco económicamente a su vecindario (Varsavsky, 2006:66). “En los países centrales los procesos de mutación estructural no se expresaron necesariamente en el desmantelamiento total o cuasitotal de las instituciones y marcos regulatorios típicos del modelo anterior (Estado de Bienestar o Estado Social)” (Svampa, 2005:9).[31]
La mayor parte de la ciudadanía requiere un Estado activo[32], dado que un Estado fuerte y autónomo[33] es condición para reducir la desigualdad social y la pobreza, fortalecer la confianza de los ciudadanos en la política y la democracia. En la Argentina postcrisis del 2001-2002 el Estado se ha recuperado más rápido que la propia sociedad civil y posee indudablemente más recursos que ella (Arroyo, 2006:198)[34]. El Estado cambió de rumbo en las políticas públicas sin modernización (Ibíd.: 202); percibe un creciente superávit fiscal y mantiene un crecimiento sostenido desde hace mas de tres años; pero no ha actualizado su estructura organizativa interna. Las reformas neoliberales no lograron estructurar un nuevo tipo de Estado. En palabras de Daniel Arroyo, parece que se resiste a pasar de la etapa “amateur” a la etapa “profesional” (Ibíd.: 203)
Hoy la solución constatada empíricamente pasa por la reconstrucción del Estado y no su desmantelamiento (Boiero y Estrada, 2003:2). El Estado re-emerge como el actor preocupado por la equidad social, esto implica que “hay un retorno del Estado como actor del desarrollo… un Estado bisagra, que pueda trabajar hacia adentro, o desde adentro de nuestras sociedades, para producir procesos de integración social” (Calderón, 2006). Se trata de construir un nuevo Estado en función de lo público, que potencie la capacidad de acción de los actores del desarrollo (Ibíd., 2004:210-211); porque en la Región perdió la función esencial de defender el interés público, en gran parte como consecuencia de las prédicas neoliberales, pero en otros casos por el poder contaminante de la corrupción. El Estado capturado[35], retoma el mandato primordial de guardar y preservar el orden en la economía; fijando las reglas demarcatorias del ámbito dentro del cual han de desarrollarse las actividades productivas, vigilando su cumplimiento y sancionando a quienes las infrinjan.
En síntesis, se halla de regreso un Estado distinto destinado a corregir las inequidades sociales; para lo cual, cabe señalarlo sin ambages, es imprescindible que se trate de un Estado fuerte y eficiente, con atribuciones legales suficientes e instituciones competentes que permitan ejercer su autoridad y propiciar un adecuado balance entre éxito económico y beneficio social. Debe existir tanto Estado como sea necesario, reconquistando el monopolio del uso legítimo de la fuerza[36] y la preservación “perpetua” del imperio de la ley. Ese nuevo Estado en ciernes, superador de la versión reduccionista-economicista del mismo, debe llenar el vacío político producido por el proceso de subordinación de lo político y lo social a la economía neoliberal.
9.- Segunda conclusión
Es en la imperiosa necesidad de un mejor e innovador Estado fuerte, donde -aunque resulte paradojal- parecen coincidir Fukuyama y Santos. El primero, a la luz de la realidad, sentencia que los Estados débiles representan una amenaza para el orden internacional por ser fuente de conflictos y de vulneración de los derechos humanos; siendo la tarea de los gobiernos fortalecer esos Estados por medio de la construcción de naciones. (Fukuyama, 2005:176). Rechaza hoy el “ocaso de la soberanía” y entiende que los Estados son los únicos que pueden acumular y desplegar poder legítimo, y que en definitiva, la única opción es “el retorno hacia el Estado-nación y tratar de comprender de nuevo cómo hacer que sea fuerte y eficaz.” (Ibíd.: 177).
Santos, por su parte, sostiene que: cuando la democracia resultó ser de baja intensidad, pasamos a vivir en sociedades que son políticamente democráticas pero socialmente fascistas. El fascismo no es un régimen político, ahora es un régimen social, porque cuando la democracia deja de tener virtudes redistributivas - mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las clases populares-, permite que en ausencia del Estado los más poderosos asuman un derecho de veto sobre la vida y la sobrevivencia de los más débiles. Propone para ello reinventar la democracia y el Estado; porque no existe otra institución política donde podamos reivindicar los derechos universales: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Al presente no hay ninguna alternativa y mientras no la haya el Estado debe ser fortalecido, aunque basado en la participación social, para evitar ser capturado por las grandes trasnacionales y por los intereses del capitalismo global.
Finalmente, Paolo Virno sugiere que para el mal del siglo XXI, el miedo angustiante, ha de superarse al Estado y construirse una nueva esfera pública, es decir nuevas formas de vida que no tengan su centro en la obediencia al Estado, donde se pueda estimar la propia singularidad y no converger hacia esa especie de unidad trascendente que es el soberano, el Estado.-
10.- Reflexión final
La economía neoliberal produjo que el Estado fuese percibido como un extraño o un enemigo y planteó la sustitución lisa y llana del Estado por el mercado -dos instituciones que alejan a los ciudadanos de las decisiones políticas-; a la par intentó fulminar el reconocimiento del rol estatal como agente y productor de la cohesión social, por medio del gasto público social (Svampa, 2005: 21), produciéndose así el vaciamiento de sus capacidades institucionales. Sus consecuencias se resumen en un saldo negativo: la destrucción de todos los resortes del poder económico y político estatal; una ciudadanía pauperizada y degradada[37]; un Estado casi interfecto y una clase política impotente, o corrupta.
El énfasis fundamentalista antiestatal del neoliberalismo intentó imponer la idea con pretensiones de dogma, que el Estado había desaparecido, que el Estado debía morir. Tal afirmación tuvo una vida efímera, la comprobación empírica de las nefastas consecuencias del achicamiento del Estado provocaron que se decretara su resurrección. Fukuyama y Williamson, debieron arriar sus banderas y propender a la restauración del mal que combatían; junto a ellos, otros pensadores como Boaventura de Sousa Santos -desde miradas diferentes-, proclaman la necesidad de un Estado distinto, eficiente, mejor, fuerte, pero no opresor. Mientras que filósofos como Virno, creen que ha llegado el momento de superarse al Estado y revertirse el poder a la ciudadanía.
Entendemos, que dentro de la realidad latinoamericana, la ciudadanía reivindica y merece un Estado que facilite el progreso social, regulando al mercado y coetáneamente garantice el desarrollo de instituciones sólidas y competentes, que permitan armonizar libertad con seguridad; crecimiento con equidad y República con democracia. Instituciones para un “país en serio” son junto con la pulverización de la pobreza, las grandes cuentas pendientes de los Estados; los cuales están de regreso, a pesar de la secuela neoliberal, pero han de consumar grandes cambios para rehabilitar su credibilidad.








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[1] Por neoliberalismo concebimos aquella política económica, que en los términos formulados por Hayek y Friedman, busque reducir el papel del Estado al de simple observador del virtuoso mercado. Para quienes comparten esta creencia, la forma que más conviene al desarrollo de América Latina es la de menos Estado y más mercado. Cuanto menor sea la intervención del primero y mas amplio el espacio del segundo, mayores serán las posibilidades de que los países progresen y mejore el bienestar de los pueblos (Hurtado, 2005:209).
[2] Por Estado entendemos: “Un conjunto de instituciones y relaciones sociales (la mayor parte de éstas sancionadas por el sistema legal de ese Estado), que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Tales instituciones tienen último recurso, para efectivizar las decisiones que toman, a la supremacía en el control de medios de coerción física que algunas agencias especializadas del mismo Estado normalmente ejercen sobre aquel territorio.” El Estado incluye tres dimensiones: es un conjunto de burocracias, un sistema legal y un foco de identidad colectiva para los habitantes de su territorio; estas dimensiones pueden ser llamadas respectivamente la eficacia, la eficiencia y la credibilidad del Estado (O´Donnell, 2004:149-150).
[3] En el caso argentino, la dictadura militar 1976-83 “reivindicó la necesidad de que el Estado subordinara los privilegios sectoriales –es decir, las conquistas sociales según la terminología a superar- y los derechos y las garantías individuales a la “razón de la guerra” contra la subversión, sus aliados y las costumbres sociales y comportamientos económicos que constituían su caldo de cultivo.” (Cavarozzi, 2006:59) El autor ubica el comienzo de la crisis del Estado argentino en 1975 con el “Rodrigazo” durante el gobierno de la viuda de Perón; asimismo considera que la aplicación de las políticas de la dictadura aceleró el fenómeno, al fracasar en la creación de una nueva matriz societal y aplicar las políticas públicas en un marco de creciente ilegalidad. (Ibíd: 74)
[4] Los partidarios del monetarismo de la Escuela de Chicago, llamados “Chicago-boys” se hicieron cargo de los Ministerios de Economía y Hacienda y la Presidencia del Banco Central de Chile en 1975.
[5] La crisis de la deuda (1982/83) representó el golpe de gracia al Estado latinoamericano típico de la posguerra, el que ya se hallaba agobiado por sus propias falencias y el impuesto inflacionario cobrado a sus contribuyentes. Vg., Buscaglia et al (2001:13).
[6] También llamado “Nueva administración pública”.
[7] Las políticas contenidas en los PAE fueron las siguientes: Reforma del Estado ("Achicamiento" o Estado Mínimo); Privatización de Empresas y Servicios Públicos; Desregulación (liberación) de las Economías; Eliminación o disminución de las Políticas Sociales y Privatización de la Seguridad Social; Flexibilización de las leyes laborales y sociales y de las condiciones de trabajo (tercerización); Nuevas Políticas Fiscales y Tributarias; Nuevas Políticas Monetarias y Financieras; Apertura económica; Modernización o Reconversión) de los Aparatos Productivos Nacionales; Integración económica a través de la firma de Convenios o Tratados de Libre Comercio.
[8] Denominados por Santos “los casi-Estados-de bienestar” de los países semi-periféricos o de desarrollo intermedio (Santos, 2005:22)
[9] Sin embargo, algunos teóricos neoliberales radicalizados, sostienen que el Estado debe menguarse al extremo o directamente eliminarse toda actividad estatal en materia de sanidad y de educación
[10] Denominada “modernización excluyente por” por Barbeito y Lo Vuolo (1992).
[11] Para un completo análisis del neoliberalismo vid. Borón, A. (2000) Tras el búho de Minerva: Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo Bs. As: FCE pp. 103-18; Borón, A. (2003a) Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Bs. As: CLACSO. pp. 207-226; Svampa, M. (2005) La sociedad excluyente: La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Bs. As: Taurus; Sader, E. y P. Gentili (Comps.) (2003) La trama del neoliberalismo: Mercado, crisis y exclusión social. Bs. As: CLACSO
[12] “El Estado es uno de los rostros de la democracia, un Estado sin poder es una democracia sin poder” (PNUD, 2004:189).
[13] O´Donnell identifica a las “zonas marrones” en las que no se puede afirmar la existencia real del Estado. (O´Donnell, 1997:268)
[14] Borón considera al Estado argentino como raquítico, deforme, ineficiente, corrupto y también chico en comparación con los del Primer Mundo (Borón, 2000:126), con hipertrofia burocrática e irracional en el gasto público (Borón, 2003b:61). Cavarozzi, por su parte describe al Estado argentino actual como “opaco, segmentado y débil.” (Cavarozzi, 2006:147)
[15] Sin embargo, los países líderes en desarrollo humano y competitividad como Noruega, Suecia, Finlandia y Canadá tienen altos niveles de equidad, con Estados muy activos y protectores, con sistemas fiscales progresivos y consenso social sobre las virtudes de la equidad.
[16] Cavarozzi también sostiene que la destrucción de Estado es el factor central de la pérdida de la soberanía nacional, la cual se ha venido profundizando desde de la década de 1970 (Cavarozzi, 2006:7)
[17] En lo que atañe a América Latina a lo largo del siglo XX la construcción de la identidad predominante se asoció con un proyecto de Estado-Nación, según el cual la Nación se construía en torno al Estado y, siendo identificada con el pueblo, era el principal estímulo de los procesos de progreso social (Calderón, 2004: 193). En contra de la pérdida de importancia del Estado-nación ante el avance de la globalización: Giddens (2004:569)
[18] Otros autores, como Francisco Rubiales, sostienen que “el Estado, la gran institución creada por el hombre moderno para salvaguardar la paz y la armonía y preservar sus derechos y libertades, ha sido el mayor fracaso de la civilización” (Rubiales, 2005).
[19] El Banco Mundial lo plantea desde una visión subsidiaria del Estado, no estatalista.
[20] Para Manuel Castells (2003), el Estado no desaparece -aún sometido a presiones de cambio tecnológico, económico y cultural-: se transforma y busca alianzas estratégicas, tanto estables como coyunturales con otros Estados, para tratar conjuntamente los problemas planteados por la globalización. Así surgen Estados co-nacionales: como la UE, con un Banco Central Europeo independiente, moneda única y economía unificada, a la que se añaden múltiples instituciones y leyes de ámbito comunitario
[21] Coincidimos con Cavarozzi en que el Estado argentino comenzó a recuperar soberanía frente a los actores externos a partir de la aceptación del 75 % de los acreedores en el canje de la deuda que había sido declarada en default por el presidente Rodríguez Saá (Cavarozzi, 2006:146)
[22] La que por ser instancia de integración, se encuentra en mejor posición a la hora de asumir la resolución de las dificultades a las que deben enfrentarse las personas excluidas. El Estado debe dedicarse a generar estímulos y a proveerle ayuda financiera (Walzer, 2001:145)
[23] Paramio, por su parte sostiene que el alto crecimiento de la desconfianza política en América Latina es consecuencia de que las reformas del Estado disminuyeron sustancialmente la capacidad de los gobiernos para proteger a los ciudadanos de la inseguridad económica y la revelación de la vulnerabilidad del modelo neoliberal (Paramio, 2002).
[24] La idea republicana de la libertad que reivindica Quentin Skinner tiene así un corolario fundamental: que nadie puede ser libre en un Estado que no lo es (Skinner, 2002)
[25] Francis Fukuyama (2005) La construcción del Estado: Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. Bs. As: Ediciones B-Grupo Z.

[26] “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia” (San Agustín. De civitate Dei. IV.4) [“si eliminas la justicia, que son los reinos sino grandes bandas de ladrones”]
[27] Raúl Zibechi considera a los movimientos populares surgidos durante el neoliberalismo, como verdaderos nuevos poderes antiestatales. (Zibechi, 2006)
[28] Lo cual es denominado por Paramio “la autolimitación” o “la autorreducción” del Estado. (Paramio, 2004:3 y 6)
[29] Sostenemos que las políticas del Consenso de Washington en América Latina fueron en parte promovidas por los organismos internacionales, y en parte aplicadas por el convencimiento de los propios gobiernos de la Región (Moreno Brid et al, 2004: 152)
[30] El despegue económico de Grecia, España y Portugal no se hizo con la aplicación de recetas neoliberales, por el contrario el Estado tuvo una fuerte presencia por medio de subsidios financieros, incentivos a las exportaciones y políticas industriales proteccionistas (Bonetto et al, 2003a:1)
[31] Paramio señala que la lógica de la destrucción creativa aplicada, fue ajena a las sociedades latinoamericanas (Paramio, 2004:5)
[32] “El Estado que se impone no es un Estado ausente, sino un Estado que actúe…” (Fernández et al, 2000:37)
[33] En palabras de O´Donnell “un Estado ancho, razonablemente eficaz, efectivo y creíble” (O´Donnell, 2004:178)
[34] Pero, sin llegar a considerar que “El principal dilema de América Latina es conciliar un Estado moderno con una sociedad arcaica” (Fleury, 1998), con lo cual discrepamos, en razón del comportamiento de las sociedades ante las crisis producidas en los últimos diez años, todas las cuales se saldaron con salidas institucionales, no autoritarias. Sin perder de vista, asimismo la irrupción de los nuevos movimientos sociales, -tal el caso de zapatistas mexicanos, piqueteros argentinos, sin tierra brasileños o aymaras y cocaleros bolivianos y la organización de acciones contrarias a la constitución del ALCA. En similar sentido, Paramio señala que el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades en América Latina a consecuencia de las reformas económicas neoliberales, no han provocado la quiebra de la democracia. (Paramio, 1999: 191-207)
[35] La expresión le corresponde a Francisco de Oliveira y hace referencia a que las decisiones de los gobiernos beneficiaban únicamente a los intereses de la clase dominante.
[36] El nuevo orden mundial que emergió el 11/09/2001 con el atentado a las Torres Gemelas, produjo la alteración de la función del Estado como monopolio de la violencia legítima, “no porque desaparezca ese atributo estatal, sino porque la decisión política sobre su uso ya no atiende exclusivamente a la relación de mando interior, sino también a los intereses de estabilidad política y seguridad regionales del Estado externo dominante” (Gilly et al, 2006:117). A raíz del ataque del 11-S el principio antinómico del neoliberalismo, la necesidad del Estado, reapareció por todas partes y en su variante hobessiana más antigua: la garantía de la seguridad (Beck, 2002).
[37] Una de las consecuencias del neoliberalismo en América Latina fue el cambio de paradigma de ciudadano-afiliado (hasta 1990); ciudadano-consumidor (década del ´90) a ciudadano-societario de la crisis que rompe lanzas con la dirigencia política (desde 2000/02 al presente) (Landi, 2002).

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